Jeffrey Cedeño
Profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá
Ex Coordinador 2009-2010 del Ciclo de Iniciación Universitaria-CIU, Universidad Simón Bolívar
El historiador y filósofo jesuita Michel de Certeau señala que “La universidad mantiene relaciones complejas con la sociedad, bajo la forma de demandas y ofertas cada vez menos ajustadas a reglas”. Surge al punto un “mercado confuso” justo “cuando no se sabe quién es responsable de qué cosa” (Culture in the Plural, 1997). El horizonte normativo trasluce las más de las veces un tenso juego entre intereses políticos, ideológicos y corporativos si consideramos que la Universidad es un espacio de la afectación: produce una alteración o mudanza en la cualidad de los individuos y en la organización de las sociedades. De allí, como bien lo apunta de Certeau, el evidente “refluir de las reivindicaciones o frustraciones ideológicas” de vastos sectores sociales hacia las instituciones educativas.
Pero muchas veces esta conflictiva y confusa delimitación recíproca en los intereses sociales no es, según de Certeau, “acompañada de responsabilidad en la enseñanza”. En la Ley Orgánica de Educación promulgada en 2009, el aparato estatal, más allá o más acá de cualquier otra fuerza de intervención social, se arroga la acción cuando “garantiza, regula, supervisa y controla; planifica, ejecuta, coordina; promueve, integra y facilita” (LOE, Artículos 6, 19, 35)… la educación a sus ciudadanos. El ejercicio de la posibilidad de hacer no recae sobre la enseñanza, tan solo un efecto que causa el gran Sujeto: el Estado. Un Estado que restringe la formación de individuos y colectivos ocupados en alcanzar la vida en su irreductible heterogeneidad, una vida que no logra clausurarse sobre titularización alguna. La contundencia política, económica y administrativa del Estado dentro del sistema educativo nacional no sólo interroga, en cualquier sentido, la histórica autonomía universitaria; también manifiesta un problema central en la América Latina: la relación de fuerzas entre el Estado y la Sociedad, tras la definición de la democracia. La Universidad venezolana ha mediado entre ellas con dificultad, sumida en contrariedades propias y ajenas. Sin embargo, la problemática extiende sus dimensiones si consideramos que la Universidad dialoga con otra condición no menos histórica en el subcontinente: la falta de garantías en todos los órdenes de la vida individual y colectiva continúa trazando significados y destinos. Tanto hoy como ayer, disímiles instituciones sociales acometen una meridiana retirada en la consecución de una vida digna y plural.
Ante el grave y continuo deterioro de la educación nacional, desde los años 90 del siglo pasado la Universidad Simón Bolívar ha persistido en responder a la sociedad venezolana cómo recobrar y vigorizar la educación siempre tras el fortalecimiento de la democracia. Cualquiera sea la reflexión y la respuesta, en modo alguno obliterala equidad, la superación personal, la calidad y la responsabilidad con la enseñanza. El Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO) y el Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU), han erigido, con esfuerzos incalculables y con la dificultad como significado definitorio de sus logros, una garantía para miles de jóvenes venezolanos que aspiran ingresar a la educación universitaria. Así, por ejemplo, desde la creación del Ciclo en 2005, 1977 estudiantes se han inscrito en el CIU Sartenejas y Litoral; más de 450 han recibido el beneficio de la beca estudiantil, 1060 han aprobado el Ciclo, 903 permanecen en carrera. Es decir, el 85% de los estudiantes aprobados se encuentra en situación de Activo Normal, lo que demuestra el éxito contundente del Programa. Esta tasa de permanencia supera a la de los estudiantes que ingresan por Prueba de Admisión y OPSU y, no lo olvidemos, el CIU ha logrado aumentar el porcentaje de la población estudiantil proveniente del sector oficial. Además, los estudiantes por ingreso CIU demuestran un rendimiento académico satisfactorio y comparable con los estudiantes que ingresan por el Examen de Admisión. A partir del año 2007, la Sede Litoral ha aumentado el porcentaje de estudiantes admitidos provenientes del Estado Vargas frente a los procedentes de Caracas y del Estado Miranda, gracias, entre otras razones, a los estudiantes que aprobaron el CIU en la Sede del Litoral.
Sin ánimo de sustituir las responsabilidades de la Educación Media y Diversificada, el Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) se ha erigido en una pertinente intervención educativa ocupada en adecuar el perfil de los estudiantes a las exigencias académicas de la USB. El Ciclo ha avanzado una política institucional capaz de conciliar el ingreso de los estudiantes con los de prosecución y egreso, desde una formación académica cuya propiedad no es otra que la excelencia. De este modo, es decir, sin renunciar a sus principios y valores, la Universidad Simón Bolívar se erige, como diría de Certeau (1997), en una “instancia operatoria” no sólo en relación con las “expectativas socio-culturales”, también con las desigualdades en la distribución del conocimiento, producto, a su vez, de las desigualdades sociales, económicas y escolares. El CIU ha resultado un programa pertinente y efectivo a la hora de congeniar una histórica y problemática dupla: equidad y calidad.
La inclusión social, uno de los más vívidos rostros de la democracia, sólo adquiere significado en la vida de millones de jóvenes venezolanos con una educación que se precisa libre, integral, pertinente y de calidad. Justo aquí una garantía siempre tras una vida digna y plural.
